La gente se iba andando: Cómo Rufino Domínguez transformó nuestra manera de pensar acerca de la migración Parte II
Traducción por Rosalí Jurado y Alan Llanos Velázquez, Edición: Nancy Utley García y Luis Escala Rabadán.
Segunda de tres partes de la publicación sobre Rufino Domínguez, organizador laboral radical de Oaxaca. Pertenece a la serie Desmantelando el Racismo del Sistema Alimentario de Food First. Este artículo originalmente fue escrito en inglés.
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Parte II
La CIOAC subsistió en San Quintín hasta los primeros años del siglo XXI. La CIOAC luchaba con más fuerza al pasar de los años, defendiendo tierras en las que los migrantes de Oaxaca pudiesen construir sus hogares y establecerse de manera permanente. Sin embargo, Benito García, fue eventualmente expulsado no sólo de la CIOAC, sino también del PSUM. Rufino organizó la OPEO y ayudó a la CIOAC en San Quintín hasta 1984. Después cruzó la frontera junto con su esposa. al Para entonces su primer hijo, Lenin, ya había nacido en San Quintín.
Rufino lo recuerda de la siguiente manera: “Yo me casé en 1983, aunque yo no quería. Yo quería dedicar mi vida a ser organizador. Necesitábamos organizarnos y eso exige muchísimo de uno mismo, y con una familia uno no se puede dedicar por completo a eso. Una vez que me casé, me tuve que venir a Estados Unidos porque no era justo pedirle a mi padre que me siguiera apoyando a mí y a mi esposa. Así que me casé y decidí buscarme un futuro ahí”.
Migrantes indígenas y trabajadores agrícolas comienzan a organizarse en California
Una vez que llegó a Selma, California, se enteró que la gente de San Miguel que ahí vivía había escuchado de su lucha por liberar al pueblo del cacique, así como de las huelgas en Sinaloa y Baja California. “Me sentí como en casa”, decía Rufino. “La gente le pagó a mi coyote [el traficante que lo ayudó a cruzar la frontera] y me pidieron que continuara con mi labor aquí. Yo no sabía ni siquiera cómo manejar un carro o de qué lado salía y se metía el sol. Pero así fue que comenzamos de nuevo.
“En el año 1985, formamos un comité local de los pobladores de San Miguel Cuevas. Trabajamos para que se construyera una clínica en nuestro pueblo, también algunas canchas deportivas y en la reconstrucción de la iglesia. Pero lo que más nos interesaba era crear conciencia sobre la necesidad de organizarnos para defender aquí nuestros derechos laborales y humanos. En 1986, fui a Livingston porque era el centro de los migrantes oaxaqueños en el condado de Madera. Comencé a formar otro comité allí y trabajé con gente de San Miguel Cuevas pero también con gente de otros pueblos como Teotitlán del Valle. Y creamos más comités de la OPEO en Madera y Fresno”.
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Sign up today!En muchos sentidos, la situación en California no era muy diferente a la de Sinaloa y San Quintín. Rufino comenta que “todos eran jornaleros, e hicimos mucho por cambiar las condiciones de trabajo. Los conozco bien a todos porque trabajábamos juntos recogiendo uvas y tomates, usando el azadón. En 1986, 1987 y 1988, participé en varias huelgas para demandar mejores condiciones laborales en los campos del tomate. Me despidieron y ya no me querían dar más trabajo porque temían que fuese a organizar más huelgas. No recuerdo en cuántas huelgas participé, en los campos de tomates y de pasas. Pero logramos que los contratistas mejoraran los salarios, pero por esa razón, nos pusieron en la lista negra.
“Trabajé en los campos hasta 1991 y luego en una granja de pavos por unos años más. Llevaba una vida de esclavitud, sin días de descanso ni fines de semanas. Trabajábamos siete días a la semana”.
La OPEO luchó contra la discriminación hacia los migrantes indígenas y contra su explotación laboral. Rufino recuerda que “en 1986, comenzamos uno de nuestros primeros proyectos, el cual surgió debido a que muchas personas terminaban en la cárcel porque no sabían hablar español o inglés. Comenzamos una organización de intérpretes indígenas, y peleamos por el derecho legal de cada persona en Estados Unidos a tener acceso a servicios de traducción en la corte. Logramos ganar esta demanda en Estados Unidos, pero eso es algo que aún no lo tienen las personas en nuestro país de origen. En México, te juzgan en español y te castigan en español, sin saber lo que hiciste mal”.
La discriminación lingüística contra los migrantes indígenas refleja un racismo estructural muy arraigado. El número de migrantes de Oaxaca en el estado de California, especialmente en las áreas rurales, empezó a incrementarse considerablemente a principios de la década de 1980. En el 2008, el demógrafo Rick Mines encontró que 120,000 trabajadores migrantes agrícolas en California venían de comunidades indígenas en México -mixtecos, triquis, purépechas y de otros grupos. Ellos y sus familias sumaban poco menos de 170,000 personas. El porcentaje de campesinos que provenía de Oaxaca y del sur de México creció cuatro veces más en menos de 20 años, del 7 por ciento en al año 1991 a más del 20 por ciento en el año 2008.
En los nuevos centros de población indígena, los triquis, quienes migraron de la misma Región Mixteca de donde Rufino había emigrado, fundaron Nuevo San Juan Copala en Baja California. Ellos también conformaban la mayoría de los residentes de Greenfield, en el Valle de Salinas del estado de California. Por otro lado, los purépechas de Michoacán ocupaban los enormes campamentos de deterioradas casas móviles en el Valle de Coachella, y se amontonaban en cocheras y pequeños apartamentos en Oxnard.
De acuerdo con la información recabada por Mines, un tercio de estos trabajadores estaba ganando menos del salario mínimo. El ingreso promedio para la familia de un jornalero mestizo era de 22,500 dólares anuales en 2008, un ingreso que a duras penas alcanza para sobrevivir. Sin embargo, el ingreso para la familia de un jornalero indígena era de 13,750 dólares anuales. En parte, la diferencia refleja la falta de estatus migratorio legal entre los migrantes indígenas. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, el 53 por ciento de todos los trabajadores agrícolas son indocumentados, ya que la oleada de migración indígena fue posterior a la fecha límite (1 de enero de 1982) para poder tener acceso a la amnistía de la Ley de Control y Reforma Migratoria (IRCA, por sus siglas en inglés) de 1986. Cuando se estableció dicha fecha límite, es poco probable que los responsables de esta iniciativa no se hubiesen dado cuenta de la “crisis del peso mexicano” posterior al año 1982. La devaluación del peso en México agravó la crisis económica en el sector rural, y trajo como consecuencia la migración de miles de familias desesperadas que cruzaron la frontera, pero demasiado tarde para tener acceso a la amnistía.
Los bajos salarios en el medio rural tuvieron consecuencias brutales. En el norte del condado de San Diego, muchos piscadores de fresas dormían en el exterior, en las laderas de los cerros y en barrancas. Cada año, el sheriff del condado desalojaba varios de los campamentos pero para la siguiente temporada agrícola, los trabajadores ya habían construído otros. Rómulo Muñoz Vásquez, quien vivía en las barrancas de San Diego, comentaba al respecto: “Somos de fuera. Si hubiésemos nacido aquí, entonces tal vez tendríamos un hogar dónde vivir. Pero no ganamos lo suficiente para pagar una renta. El dinero no alcanza para pagar renta, comida, transporte y para mandar a México. Por eso me conformo con cualquier espacio debajo de un árbol”. Y San Diego no es el único condado en el que los trabajadores viven bajo los árboles o en sus autos durante el tiempo de la cosecha.
Velasco señala que a pesar de su pobreza, los trabajadores en Estados Unidos ganan tres o cuatro veces más de lo que ganarían en México. Pero el costo de vivir al norte de la frontera es también muy elevado. Así que los migrantes empezaron rápidamente a comparar sus salarios con el costo de vida en Estados Unidos, y no con lo que ganaban en México, cosa que Muñoz Vásquez hizo también. Se veían a sí mismos hasta abajo cuando se comparaban con el nivel promedio de vida que los rodeaba en Estados Unidos, incluso quedando a veces por debajo del mínimo legal.
Después de una década de actividad, a mediados de la década de 1990, Rufino concluía que “las condiciones no habían cambiado para nada. Los patrones no obedecían las leyes laborales estatales ni federales. No pagaban el salario mínimo, y a veces les robaban sus salarios a los trabajadores. A los trabajadores se les pagaba a destajo, por lo que se les paga por lo que hacen. Si pagan un dólar por una cubeta y yo recojo 20 cubetas en ocho horas, me pagan 20 dólares solamente, aun cuando la ley dice que tengo garantizado el salario mínimo, el cual (en 1996) era de 34 dólares diarios”.
La actividad de Rufino lo puso en contacto con otras organizaciones de migrantes indígenas, que eran el resultado de la misma oleada de gente desplazada y de la agitación política que formaban parte de la misma experiencia migrante. Algunos, como Arturo Pimentel, eran también militantes, y compartían una historia política con Benito García y Rufino dentro de la izquierda y el PSUM. El trabajo de Rufino organizando la OPEO lo vinculó con otros organizadores indígenas como Filemón López, de la Asociación Cívica Benito Juárez, la cual se creó en Fresno en el año 1986. Sergio Méndez, Algimiro Morales y otros habían organizado a migrantes de Tlacotepec, primero como parte del Comité Cívico Popular Tlacotepense (con conexiones con el PCM, de acuerdo con Rivera-Salgado), y luego en el Comité Cívico Popular Mixteco en Vista. Ellos tenían estrechos vínculos con la izquierda de Baja California.
Rufino llegó a conocer la Organizacion Regional de Oaxaca (ORO), creada en 1988 en Los Ángeles, donde más de 70,000 migrantes zapotecos estaban concentrados.
ORO empezó a organizar el festival de la Guelaguetza en el Parque Normandie, replicando así el festival original de la ciudad de Oaxaca en el que se presentan las danzas de las comunidades indígenas del estado. En 1992, la Guelaguetza de ORO presentó 16 danzas de las siete regiones de Oaxaca, y por primera vez en Estados Unidos, la Danza de la Pluma. Una década después, al menos otros siete festivales de la Guelaguetza se organizaron en las ciudades en donde había jornaleros a lo largo de California.
Laura Velasco comenta que “las tradiciones organizativas de estos activistas venían juntas, lo que hacía posible combinar las tácticas e ideas de la organización en las comunidades rurales indígenas, con los movimientos populares urbanos y la visión de clase de los partidos de izquierda de los años ochenta, especialmente el PSUM. Así se abrió un nuevo espacio organizativo con la experiencia que ellos habían ganado en los campos de California. Las condiciones de trabajo y de desplazamiento crearon la posibilidad para nuevas alianzas entre grupos de clase y étnicos”.
Velasco señala que muchas de estas organizaciones y sus líderes participaron en las primeras campañas políticas de los partidos políticos mexicanos en Estados Unidos. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, un ex gobernador de Michoacán quien había dejado atrás su relación con el PRI, llegó a ser candidato presidencial del Frente Nacional Democrático. Antes de ello, el PSUM se había unido con otro partido de izquierda para formar el Partido Socialista Mexicano e inicialmente presentaron a Heberto Castillo como su propio candidato presidencial. Cuando se hizo evidente la posibilidad de que Cárdenas pudiese derrotar al PRI, la candidatura de Castillo fue retirada y decidieron apoyar a Cárdenas en su lugar.
De acuerdo con fuentes ajenas al PRI, Cárdenas ganó esas elecciones, Sin embargo, el gobierno declaró a Carlos Salinas de Gortari del PRI como ganador después de un fraudulento recuento de votos. Posteriormente, el PSUM se unió con los seguidores de Cárdenas y formaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD). No obstante, en el proceso, la ideología socialista del PCM y del PSUM se fue diluyendo gradualmente. El PRD llegó a ser el partido gobernante de la Ciudad de México y de otros estados mexicanos.
En Los Ángeles, las cuatro organizaciones migrantes se unieron el 5 de octubre de 1991 y formaron el Frente Binacional Mixteco-Zapoteco. Rufino comentó al respecto: “Este Frente comenzó en 1992, cuando los gobiernos del mundo estaban celebrando los famosos 500 años del descubrimiento de América. Decían que Cristóbal Colón había sido recibido como un gran héroe y que había traído cosas buenas. No hablaban para nada de las masacres o los genocidios de nuestros pueblos. Todas las organizaciones indígenas del continente americano protestaron contra esta celebración.
“Queríamos contar una historia diferente, una historia en la que la gente fue despojada de su cultura. Se nos impuso un Dios diferente, y se nos dijo que la naturaleza no valía nada. La realidad es que la naturaleza es la que nos da la vida. Nuestro propósito era eliminar los viejos estereotipos, marchar y protestar. Después, nos preguntamos: ‘¿por qué no continuamos organizándonos para defender los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos a una vivienda digna y a una buena educación?’”
Los académicos comenzaron a advertir esta creciente ola de activismo. David Runsten, Carol Zabin y Michael Kearney, de la Universidad de California, hicieron uno de los primeros estudios sobre jornaleros indígenas en California, mostrando que sus asentamientos en Estados Unidos estaban vinculados con sus pueblos de origen en Oaxaca y con otros asentamientos en Baja California. En 1992, Don Villarejo del Instituto de Estudios Rurales de California publicó un reporte en el que criticaba a la California Rural Legal Assistance (CRLA), la organización que proporcionaba asistencia legal a los jornaleros del estado, por no prestar la debida atención a este notable cambio demográfico.
José Padilla, director de CRLA y Claudia Smith, una abogada de CRLA en San Diego, organizaron un evento para exponer los retos que implicaba proporcionar servicios legales a los trabajadores del campo en mixteco, triqui y otras lenguas indígenas. Muchos de los activistas que demandaron una respuesta por parte de la CRLA, incluyendo a Rufino, Pimentel, Morales y otros, provenían de organizaciones que habían sido parte del Frente Mixteco-Zapoteco. Padilla comenta que “supe de inmediator que tenía que contratar a Rufino, para asegurarse de tener una fuerte conexión con el liderazgo de este movimiento”.
Eventualmente, otros miembros de Frente también fueron parte de la CRLA como trabajadores de asistencia social. Rufino fue el primero. Este fue su primer paso fuera de los campos y su oportunidad de tener un trabajo de tiempo completo relacionado con la política de los derechos laborales. En una de sus primeras batallas, Rufino y la CRLA demandaron a la Corporación Chevron por descargar desechos tóxicos debajo de un campamento de casas móviles habitado por familias de San Miguel Cuevas, lo que obligó a la compañía a pagar varios millones de dólares para reubicar a esas familias.
En ese periodo, Rufino también trató de establecer una relación de colaboración con el sindicato agrario United Farm Workers (UFW), sin mucho éxito. Posteriormente comentaría lo siguiente: “Nosotros reconocemos que el UFW es un sindicato fuerte que representa a los trabajadores del campo. A su vez, ellos nos reconocen como una organización que intenta ganar derechos para los migrantes indígenas. No obstante, incluso dentro del UFW, algunos decían que la genteindígena eran “rompehuelgas” o “esquiroles”. En el año 1984, hubo una huelga en Merced y nos decían así. Pero la gente del sindicato nos hablaba en español, y no entendían que nuestra gente sólo hablaba mixteco o zapoteco. Muchas veces, por la barrera del lenguaje, terminábamos sin entendernos. Ellos deberían darle un mejor trato a la gente indígena y tener la mente más abierta. En realidad, aunque sentimos que el sindicato no nos tomaba en serio, esa huelga fue histórica porque el sindicato finalmente nos llegó a reconocer de una manera formal”.
Después de que la relación fracasara, el UFW montó una larga campaña a fines de la década de 1990 para organizar a los trabajadores agrícolas de la fresa en Watsonville, un gran porcentaje de los cuales eran de Oaxaca. Allí el sindicato padeció la falta de una conexión más orgánica con las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, el líder mixteco Jesús Estrada y algunos otros organizaron una huelga de trabajadores de la fresa en Santa María. Esos líderes fueron incluidos en la lista negra, y no surgió ninguna organización permanente de esa lucha. Pero en años posteriores, el UFW sí desarrolló una relación diferente con los trabajadores indígenas. Combatió las redadas de las autoridades de inmigración contra la comunidad triqui en Greenfield, y contrató a los líderes de la comunidad mixteca y triqui como organizadores, incluso a veteranos del movimiento de maestros. Rufino y otros líderes del Frente Mixteco-Zapoteco, y la organización que surgió de dicho Frente, continuaron apoyando las huelgas de los trabajadores oaxaqueños en San Quintín en México y en el estado de Washington en Estados Unidos, aunque ellos mismos no las organizaron.
El nacimiento y consolidación del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales
En una asamblea en Tijuana en 1994, el Frente Mixteco-Zapoteco se expandió para incluir a personas de otros grupos indígenas oaxaqueños, como triquis y chatinos, y se renombró como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB). “Tres cosas hicieron esto posible”, dice Velasco: “la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; el levantamiento zapatista, con su demanda de autonomía indígena; y la imposición de la Operación Gatekeeper (Guardián) en la frontera en el condado de San Diego”.
El levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 tuvo un profundo impacto entre los indígenas mexicanos en Estados Unidos. “El ascenso del Ejército Zapatista hizo más fácil el surgimiento de muchas organizaciones indígenas en México y en todo el continente, yo diría que en el mundo”, dijo Rufino. “Cuando los zapatistas se levantaron, la guerra duró ocho días. Nos organizamos de inmediato -aquí en California, en Oaxaca y Baja California- con huelgas de hambre, denunciando al gobierno. Cuando los zapatistas fueron detenidos o amenazados, protestamos en los consulados en Fresno y Los Ángeles para presionar al gobierno mexicano. Estas acciones simultáneas nos ayudaron a darnos cuenta de que cuando hay movimiento en Oaxaca, también debe haber un movimiento en Estados Unidos. Nos pusimos esa lección para usarla más tarde, cuando nuestros propios líderes fueron atacados.
“Los zapatistas ayudaron a los mestizos a civilizarse un poco. Se volvieron más humanos, reconociendo que los indígenas son humanos. Luego comenzamos a avanzar en México para rescatar nuestros idiomas y obtener leyes que hacían ilegal discriminar a los pueblos indígenas. Incluso fuera del marco de los Acuerdos de San Andrés, hemos podido proponer una reforma a la ley que protege nuestro derecho a la cultura indígena. Estamos tratando de crear una institución de las lenguas indígenas de todo México, no sólo mixteco o zapoteco, sino para los purépechas, los triquis, los tarahumaras y los mayos de Sonora, que crearían materiales escritos como diccionarios, libros e historias. Además del español, queremos que se enseñe mixteco, zapoteco, tarahumara y otros idiomas en las escuelas, incluso a los mestizos si viven en esa región”.
Los zapatistas decidieron comenzar su levantamiento el 1 de enero de 1994, porque fue el día que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ellos nos advirtieron que el tratado y el modelo de desarrollo neoliberal que estaba reforzando representarían un desastre para las comunidades indígenas en México. En el campo, la política del gobierno favoreció a los grandes terratenientes que producían para la exportación, por encima de los pequeños productores que producían para un mercado nacional. Eso afectó especialmente a las comunidades indígenas, que a menudo tienen tierras en común, así como a las comunidades agrícolas basadas en los ejidos establecidos por la reforma agraria anterior.
Oaxaca sufrió más que la mayoría de los estados. Es una de las entidades más pobres de México, donde la categoría oficial de pobreza extrema abarca al 75 por ciento de sus 3.4 millones de habitantes, de acuerdo con Servicios Para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA). Un estudio de 2005 de Ana Margarita Alvarado Juárez, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, titulado “Migración y pobreza en Oaxaca”, señalaba que Oaxaca constantemente cae muy por debajo del promedio nacional en cada una de las categorías de pobreza y falta de desarrollo.
Ella cita los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en los que si bien a nivel nacional el 9.4 por ciento de la población de México es analfabeta, en Oaxaca esta cifra asciende al 21.5 por ciento. A nivel nacional, el 28.4 por ciento de los estudiantes no termina la escuela primaria, pero en Oaxaca el 45.5 por ciento, casi la mitad de su población, nunca lo completa. A nivel nacional, el 4.8 por ciento de los mexicanos no tiene electricidad, el 11.2 por ciento vive en hogares sin agua corriente y el 14.8 por ciento camina sobre pisos de tierra. En Oaxaca, las cifras son más del doble: 12.5, 26.9 y 41.6 por ciento, respectivamente. Solo en Chiapas, el estado más pobre de México, los niños obtienen menos educación que el promedio de Oaxaca de 6.9 años por persona.
El desplazamiento de personas de las comunidades oaxaqueñas revela el crecimiento de la pobreza. En 1990, la migración neta desde Oaxaca fue de 527,272 (personas que emigran menos las personas que llegan o regresan). En 2000, ese número aumentó a 662,704. En los cinco años entre 2000 y 2005, a pesar de una alta tasa de natalidad, la población de Oaxaca solo creció un 0.39 por ciento. El 18 por ciento de sus habitantes se fue a otras partes de México y Estados Unidos. La migración oaxaqueña fue parte de un movimiento mucho más grande de personas. En 1990, 4.5 millones de migrantes mexicanos vivían en Estados Unidos. Para 2008, esa cifra había aumentado a 12.7 millones, poco menos del 10 por ciento de la población total de México.
“No hay trabajos, y el TLCAN hizo que el precio del maíz fuese tan bajo que ya no es económicamente posible plantar un cultivo”, denunció Rufino en una entrevista en 2004. “Venimos a Estados Unidos a trabajar porque no podemos conseguir un buen precio para nuestro producto en casa. No hay alternativa. Sabemos las razones por las que tenemos que irnos. Más de 5,000 de nosotros hemos muerto tratando de cruzar la frontera en la última década.”
Como señala Velasco, el creciente número de víctimas mortales en la frontera y el impacto de la creciente criminalización de la migración, incluyendo la construcción de cárceles (“centros de detención”) para deportados, tuvieron un gran impacto entre los inmigrantes indígenas, debido a su falta generalizada de estatus. Eso produjo un sentido de urgencia entre las organizaciones que se unieron para formar el FIOB.
En la medida en que buscaba construir una base de miembros indígenas de todo Oaxaca, el FIOB no era una asociación local de migrantes. De hecho, la OPEO se disolvió como tal. “Si tenemos un comité solo de personas de San Miguel Cuevas, no podemos organizar o ir más allá. Sin embargo, en la organización del FIOB, todas las comunidades están trabajando juntas para crear conciencia, educar, orientar y todo lo demás. Esa es la mayor diferencia”, explicó Rufino.
Y desde el comienzo, el FIOB conscientemente se vio a sí mismo como una organización binacional, y a sus miembros como personas que pertenecen a comunidades binacionales que cruzan la frontera. Su creciente presencia condujo a que posteriormente varias organizaciones indígenas migrantes originarias de los estados de Guerrero y Michoacán se incorporaran, por lo que su nombre cambió a Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, en 2005. A su vez, casi tan pronto como comenzó a funcionar en California, comenzó a organizarse nuevamente en Oaxaca, así como en las comunidades oaxaqueñas en Baja California. Estableció una estructura de comités locales que pertenecen a organizaciones estatales. Cada tres años, las secciones de FIOB eligen delegados a una asamblea binacional, que eligen un comité binacional y un coordinador binacional.
Esas asambleas trienales se llevan a cabo en México. En parte, esta es una cuestión práctica. Los campesinos indígenas no pueden obtener fácilmente el dinero para viajar como delegados a las reuniones en Estados Unidos. Incluso si pudieran, obtener visas sería prácticamente imposible. Los consulados de Estados Unidos sospechan que los oaxaqueños pobres que intentan visitar California sólo buscan una manera de cruzar la frontera para quedarse y trabajar. En consecuencia, las asambleas mexicanas del FIOB siempre atraen a más delegados del lado mexicano que del estadounidense. Mientras que los líderes del FIOB en la década de 1990 provenían de las organizaciones y movimientos migratorios en Estados Unidos, su crecimiento en Oaxaca ha estado cambiando lentamente el centro de gravedad de la organización, así como su actividad política, hacia el sur.
Hacerse responsables ante las decisiones de sus comunidades de base no es sólo retórica. El primer director del FIOB, Juan Martínez, que había sido el coordinador de la Asociación Cívica Benito Juárez, fue removido porque organizó una conferencia en Oaxaca sin el acuerdo de otros líderes, y para empeorar las cosas, invitó al gobernador de Oaxaca a participar. El segundo director de FIOB, Arturo Pimentel, fue expulsado por postularse para un cargo en Oaxaca y negarse a renunciar a su puesto como coordinador binacional de FIOB (requerido por los estatutos), así como por malversar los fondos de la organización. Rufino fue el tercer coordinador binacional del FIOB, de 2001 a 2008, seguido por Gaspar Rivera-Salgado. Todos fueron líderes del FIOB y de sus organizaciones predecesoras en California.
En 2011, al término del periodo de Rivera-Salgado, su sucesor, Bernardo Ramírez, vivió en el corazón de la Región Mixteca de Oaxaca. Ramírez trabajó cinco temporadas en los campos de Estados Unidos, una experiencia compartida con la mayoría de los delegados del FIOB. Sin embargo, su elección hizo evidente que el centro de gravedad de la organización se estaba moviendo más firmemente hacia México. Ramírez fue seguido por Romualdo Juan Gutiérrez Cortez, el actual coordinador binacional del FIOB, un maestro y ex líder del sindicato de maestros del estado.
Desde el principio, uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron los organizadores de FIOB fue la participación de las mujeres. Según la activista del FIOB Irma Luna, “el tema de la violencia doméstica es tabú en la comunidad oaxaqueña, pero sucede a menudo. Muchas mujeres están acostumbradas a los abusos. El divorcio y la separación no son opciones y sienten que tienen que permanecer en ese entorno”, señala Luna. Ella es originaria de San Miguel Cuevas, al igual que Rufino, aunque nació cuando sus padres trabajaban en Sinaloa. Rufino la reclutó cuando ella y su esposo se mudaron a Fresno y la animó a que no dejara de hablar en mixteco. Luna se sumó a Rufino en su trabajo para CRLA y le pidió que organizara un programa en el FIOB para detener la violencia doméstica.
“Después de comenzar a trabajar en el equipo de violencia doméstica, noté que cuando hablaba de ello, la gente abandonaba lentamente la sala”, recordó de su labor en el libro Communities Without Borders. “Otros preguntaban por qué les decía a las mujeres que acusaran a sus maridos con la policía. Cuando iba a la estación de radio para hablar sobre mi proyecto, los oyentes me llamaban para preguntar por qué les estaba dando esta información a las mujeres. Es un problema que se remonta a México, pero también hay mucha presión en Estados Unidos. La migración sólo se suma al problema de la violencia doméstica. Pero ahora hay más apoyo en los pueblos de Oaxaca para que las mujeres denuncien a sus maridos, y muchas mujeres los envían a la cárcel después de recibir una paliza brutal.
“Ahora soy una trabajadora comunitaria y ayudo a las personas que trabajan en labores agrícolas. Cuando no tienen baños portátiles, o si su empleador se niega a pagarles el sueldo, voy al lugar de trabajo e investigo. Yo sabía que no iba ser una mujer que se quedara en casa, que tendría como diez hijos y que esperaría a ver qué me traía la vida”.
Oralia Maceda se presentó en California en 1998, cuando tenía 22 años y planeaba quedarse un mes. Ella había trabajado en la oficina de FIOB en Oaxaca, pero se quejó de que tenía que pedirle permiso a su director, Arturo Pimentel, antes de poder hacer nada. Gaspar Rivera-Salgado la llevó a la oficina de Fresno donde conoció a Rufino. “Rufino me preguntó si estaba interesada en trabajar con mujeres y acepté”, ella recuerda. “Al principio había pocas mujeres involucradas en el FIOB. Rufino me pidió que compartiera mis experiencias en Oaxaca, y comenzamos a ir a diferentes ciudades: Fresno, Selma, Santa María y Santa Rosa. Él siempre estaba haciendo algo y nunca se cansaba. Verlo así me motivaba”.
Rufino se dio cuenta que Maceda tenía habilidades organizativas y trató de ayudarla a desarrollarlas. “En Oaxaca no se te permite ir a la agencia [la oficina del gobierno local] y sentarte con los presidentes, porque eres una mujer”, señala. “Otro problema era mi edad. Si les aconsejaba a las mujeres mayores cómo cuidar a sus hijos, se molestaban. Pero gracias al apoyo de Rufino, en California pude hacer este trabajo. Como mujeres mixtecas, creamos un calendario que mostraba nuestras historias, y luego creamos un libro de recuerdos. Intentamos crear un grupo de jóvenes. Organizamos una reunión en un rancho y participaron 20 jóvenes. Pero a veces solamente dos o tres personas asistían a las reuniones que organizaba. Cuando las cosas iban mal, le preguntaba a Rufino por qué no me decía nada desde el principio. Me dijo que si tenía una idea, debería seguir adelante con ella, y que si salía mal, debería aprender de ella, en lugar de sólo esperar a que él me dijera cómo hacer cosas.
“Hoy en día, las mujeres a veces participan más que los hombres. Su mayor obstáculo es la falta de tiempo. Tienen que trabajar en el campo y cuidar a sus familias. No tienen guarderías. Creo que los hombres tienen que ser más conscientes de las necesidades de las mujeres, para que ellas puedan participar. Pero ahora hay espacio para que las mujeres y sus ideas se desarrollen”.
Odilia Romero, quien consolidó al FIOB en Los Ángeles, fue elegida como la primera mujer coordinadora binacional en la asamblea de marzo de 2018 en Huajuapan, Oaxaca. Romero y Rufino trabajaron en estrecha colaboración desde los primeros años de la organización. Llevada por sus padres desde San Bartolomé Zoogocho, fue testigo del despoblamiento del pueblo cuando era niña, la experiencia formativa de miles de migrantes oaxaqueños. “En los años ochenta había alrededor de mil personas allí”, recuerda. “Luego comenzamos a irnos a la ciudad de Oaxaca, y luego a Estados Unidos, hasta que sólo quedaron 88 personas. De repente, un jueves, por ejemplo, la gente se iba y los niños se quedaban atrás”.
Maylei Blackwell, profesora de Estudios Chicanos y de Género de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), comenta que Romero tiene “un espíritu rebelde que la ha caracterizado desde la infancia”. Blackwell registró su historia oral, en la cual Romero dice, “mi rebelión me ayuda a tener la esperanza de que una sociedad mejor sea posible”.
Antes de conocer a Rufino, Romero leyó un artículo que él había escrito sobre el FIOB. “Hablaba de cómo comenzó, y de cómo algunos de sus líderes fueron despedidos por corrupción y acciones negativas hacia los miembros”, recuerda. “Estaba muy impresionada porque encontré lo que estaba buscando, una organización que hablara de sus logros y de sus limitaciones es digna de admiración”. Rufino la animó a unirse, y luego a promover la organización.
“No vamos a tener posiciones de Barbie aquí”, declara Romero. “El Frente es una de las pocas organizaciones que realmente nos da espacio para hablar sobre género, con la intención de pasar de la conversación a la acción, para que las mujeres tengan un papel real… Tenemos que tomar algunas de las cosas buenas de los pueblos indígenas, de una sociedad igualitaria e implementarlo como una organización indígena, pero también hablar de las cosas que no nos gustan. Una de las cosas que no nos gustan es excluir a las mujeres”.
Laura Velasco trabajó con Romero y con otra mujer en el liderazgo de FIOB, Centolia Maldonado, una activista en Oaxaca que recolectó la evidencia que condujo a la expulsión de Arturo Pimentel. La propia Maldonado finalmente fue expulsada en medio de acusaciones de sexismo entre los líderes de FIOB (una acusación que Romero también hizo). Velasco señala que todavía está molesta por eso, “pero Rufino siempre trató a las mujeres de la organización con amistad y respeto. Él y Gaspar estaban entre los pocos que eran éticos y comprensivos, en un conflicto claramente relacionado con el sexo, con respecto a Maldonado. Tanto ella como Romero fueron muy importantes en el desarrollo de Rufino como líder y en el desarrollo de la política de género del FIOB”.
El FIOB también organizó a sus miembros en Estados Unidos para abogar por la reforma migratoria. En su asamblea binacional de 2005, aprobó una resolución condenando los programas de trabajadores invitados. Eso lo diferenció de muchas organizaciones de derechos de los migrantes en Estados Unidos en ese momento, las cuales estaban dispuestas a aceptar nuevos programas (supuestamente con mayores derechos para los migrantes), a cambio de la legalización para los indocumentados. Si bien el gobierno de México también pedía la negociación de un nuevo programa de braceros, Rufino alegó que “los inmigrantes necesitan el derecho al trabajo, pero estos trabajadores no tienen derechos laborales ni prestaciones. Es como la esclavitud”.
Gaspar Rivera-Salgado, quien condujo el desarrollo del programa de migración del FIOB, vinculó los derechos de los migrantes con el derecho a no migrar. “Ambos derechos son parte de la misma solución”, explicó. “Tenemos que cambiar el debate en el que la migración se presenta como un problema por un debate sobre derechos. El verdadero problema es la explotación”. La posición del FIOB también enfatizó los derechos lingüísticos para las comunidades migrantes y el respeto por su cultura indígena.
Organizar los derechos de los migrantes fue más que tomar una posición política; fue parte de la construcción de la base de miembros del FIOB. A principios de la década de 2000, Lorenzo Oropeza, un activista del FIOB que también trabajaba para CRLA, organizó una sección entre varios campesinos triquis que vivían al aire libre en las orillas del río Russian en el condado de Sonoma. Fausto López, el líder del grupo, comentó: “Me uní al FIOB porque Lorenzo habla mi lengua. Es mixteco y nosotros somos triquis, pero él trabaja con todos los oaxaqueños. Como somos del mismo estado, todos somos iguales. Entonces, nuestro grupo local me eligió para representarlos. Viajé a varias partes de California con Lorenzo y me reuní con otros líderes. Muchos de nosotros los trabajadores agrícolas no conocemos nuestros derechos, y el FIOB nos enseña. También trabajamos para la amnistía para los migrantes, porque muchos de nosotros cruzamos la frontera ilegalmente, y muchos mueren en el proceso”.