Land Conflicts and the Criminalization of Peasant Movements in Paraguay
(Español Abajo)
Land Conflicts and the Criminalization of Peasant Movements in Paraguay: The Case of Marina Kue and the “Curuguaty Massacre”
June 2014, Land & Sovereignty Brief No. 6
On June 15, 2012, seventeen people—eleven peasant farmers and six police officers—were killed in the rural district of Curuguaty, Paraguay. Now known as the “Curuguaty massacre” the killings took place during a violent eviction carried out by police and prosecutors against families of landless peasants who had occupied a piece of land known as Marina Kue. The Curuguaty massacre is now recognized as one of the most serious cases of human rights violations in Latin America and an emblematic example of the growing criminalization of peasant struggles for the right to land in the region.
Three days after the Curuguaty massacre, prosecutors brought criminal charges against 63 peasant men and women, later accusing twelve of them of attempted homicide, trespassing, and organized crime. Meanwhile, the deaths of the eleven peasant farmers were never investigated. On October 8, 2012, human rights organizations filed a formal complaint before the Public Prosecutor presenting evidence of extrajudicial killings, forced disappearances, torture and other human rights violations against peasants, but the complaint was ignored. Human rights organizations have denounced various irregularities in the criminal investigation, in the prosecutor’s charges, and in the preliminary hearing.
This case is of tremendous political importance, for Paraguay and beyond. Only one week after the event, the Curuguaty massacre was used as a pretext for ousting democratically elected president Fernando Lugo on June 22, 2012, through a political trial initiated by Parliament. Paraguay is one of the countries with the greatest land inequality in the world. Paraguay’s extreme land concentration, combined with the high levels of violence and impunity surrounding the Curuguaty massacre, indicate a severe lack of responsible land governance in Paraguay; an absence of protections for small and landless farmers; and the use of state repression in the service of the country’s powerful landed elite.
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Conflictos Agrarios y Criminalización de Campesinos y Campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la “Masacre de Curuguaty”
junio de 2014, informe Tierra y Soberanía no. 6
El día 15 de junio de 2012, 17 personas—once campesinos y seis policías—murieron durante un operativo fiscal-policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty de Paraguay. Este hecho es ahora conocido como “la masacre de Curuguaty.” Tres días después, la fiscalía imputó a 63 campesinos y campesinas por varios tipos penales, acusando posteriormente a doce de estas personas por los hechos punibles de homicidio en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
El 8 de octubre de 2012 fueron presentadas denuncias formales ante la Unidad Fiscal interviniente por existir indicios de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones de derechos en perjuicio de personas campesinas, pero el Ministerio Público continuó sin investigar esos hechos. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado varias irregularidades en la investigación penal, en la acusación fiscal y en la audiencia preliminar.
El caso Marina Kue evidencia la absoluta falta de un sistema de gobernanza responsable de la tierra en Paraguay, la manifiesta desprotección administrativa y judicial de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas sin tierra, y la práctica sostenida de empleo de las fuerzas represivas del Estado para salvaguardar los intereses de los grupos poderosos del país. Además, el proceso penal de los campesinos y campesinas acusados por la matanza desnuda la parcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público paraguayos.
El caso tuvo un particular impacto político al haber sido utilizado como pretexto para la destitución del Presidente Fernando Lugo el día 22 de junio de 2012, mediante un cuestionado juicio político impulsado por el Parlamento una semana después de la masacre. La “masacre de Curuguaty” también ha marcado un punto de inflexión en Paraguay, donde se observa un aumento en la criminalización de las luchas sociales y los desalojos violentos, con la demanda del acceso a tierra y a alimentación adecuada como trasfondo.
El informe “Conflictos Agrarios y Criminalización de Campesinos y Campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la ‘Masacre de Curuguaty’”—elaborado por la organización de derechos humanos FIAN Internacional y el movimiento campesino La Vía Campesina, y publicado por FoodFirst/El Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo y el Instituto Transnacional (TNI)—presenta los hechos y evidencia violaciones de derechos humanos relativos al caso Marina Kue y el caso Curuguaty.
Las organizaciones de derechos humanos exigen a las autoridades del Estado paraguayo llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y torturas físicas y psicológicas de campesinos y campesinas durante y tras el desalojo forzoso del 15 de junio de 2012 en Marina Kue-Curuguaty; aclarar la titularidad de las tierras de Marina Kue; poner fin a la criminalización de las luchas sociales y los desalojos violentos; garantizar la debida implementación de la reforma agraria; y respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las poblaciones campesinas.
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